INFORME –
PROPUESTA DE REFORMA
LA DEUDA INSTITUCIONAL ARGENTINA
INTRODUCCIÓN
La
democracia argentina ha madurado, ha avanzado, se ha desarrollado, desde 1983 a
esta parte. Los riesgos de pérdida del estado de derecho ya los observamos como
malos recuerdos difusos de un pasado que no vuelve, e incluso, se superó la
crisis de 2001 dentro del marco de la ley, y en variados aspectos, podemos
decir que tenemos un sistema firme y consolidado.
Sin
embargo esta claro que la Argentina tiene todavía una deuda institucional con
la sociedad. Hablamos y sufrimos por la deuda económico-financiera externa, se
habla no con poca razón de la deuda social, pero poco de la deuda
institucional. La Argentina es un país inseguro desde sus cimientos, sus
instituciones son poco creíbles y respetadas, y no nos refimos solo a las
políticas, sino las de todo ámbito.
Las
instituciones no ofrecen estabilidad ni garantía a la sociedad, y eso alimenta
la rueda de deterioro, la gente no cree y por ende no respeta, no cumple, y las
instituciones, más y más se debilitan a causa de ese descreimiento. Más allá de
las cuestiones coyunturales de urgencia, a resolver en el corto plazo,
ineludibles por cierto, como la asistencia social y alimentaria, los
compromisos internacionales, la inflación y las demandas salariales justas, el
cúmulo de problemas coyunturales será una rueda interminable si no solucionamos
en paralelo lo problemas estructurales de la sociedad y del Estado.
En 1994
la reforma constitucional trajo pocos cambios realmente apreciables para el
sistema, pero a priori, uno de los que podía contarse como una evolución
interesante, fue el afianzamiento de organismos que generaban un sistema de
control a los actos estatales, antes y después de su ejecución. Estos
organismos conforman la primera deuda institucional de la que vamos a
ocuparnos, simplemente porque nacieron con una impronta de cambio y se
transformaron, lamentablemente, en más de lo mismo.
No existe
posibilidad de que el ser humano se desarrolle en una sociedad no anarquista, con
un sistema de gobierno de tipo republicano, sin organismos de control
adecuados. La existencia de tres poderes, y de representación de las minorías,
requiere necesariamente el control. De hecho, han existido pocos gobiernos que
tengan en el Poder Legislativo, mayorías propias en ambas cámaras, como para
alegar la representación de “la mayoría” de los argentinos, por el contrario,
los gobiernos han representado a la “minoría más amplia”, habiendo otras
minorías que, sumadas, representan a una porción mayor de la sociedad que la
primera minoría.
Esa mayor
cantidad de representantes distribuidos en minorías, debe tener capacidad de
control sobre los actos de la primera minoría y que además gobierna desde el
Poder Ejecutivo, y para eso sirven los organismos de control.
La
Constitución del ´94 estableció mecanismos de control y consagró a uno como el
más relevante, para analizar ex post facto, los actos del poder administrador,
la Auditoría General de la Nación.
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