sábado, 4 de mayo de 2013

CARTA ABIERTA DEL DR MINOTTI A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Link a INFOBAE http://opinion.infobae.com/horacio-minotti/2013/05/04/carta-abierta-a-la-corte-suprema/

Vuestras Excelencias, de mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en virtud de las leyes que son de público conocimiento, y que devienen en un inexorable camino de extinción del Poder Judicial que V.E. encabezan. Me refiero claro a las reformas al Consejo de la Magistratura, las nuevas restricciones para solicitar medidas cautelares contra el Estado y la creación de Cámaras de Casación.
Y lo hago de este modo, porque resulta también de público y notorio, la constante y mordaz sospecha que se ha desatado sobre la eventualidad de un acuerdo entre V.E. y el Poder Ejecutivo, que derivó en algunas modificaciones puntuales en los proyectos, en aquellos puntos que rozaban directamente el presupuesto de la Corte Suprema Justicia y cuestiones de Superintendencia (Administración). Lo que preocupa gravemente al Suscripto y percibo que a buena parte de la población, es que no hay acuerdo sin contraprestación. ¿Por qué un gobierno que se ha caracterizado por su obcecación e irrazonabilidad, llevaría a cabo una modificación en un proyecto de su autoría que demora 15 días la sanción definitiva de un paquete de normas que impulsa con fiereza, si no va a obtener nada a cambio de ello?.
Por otro lado, dicha sospecha, no se desprende únicamente de los dichos de algún diputado opositor que ha hecho de la denuncia pública su modus operandi político. El Suscripto ha escuchado con sus propios oídos en ámbitos privados, de la boca de magistrados y camaristas, palabras de indignación en elevado y no habitual tono, por lo que también esas voces consideran un acuerdo.
Comprenderá V.E.que así la esperanza de obtener Justicia, la confianza en que normas de abierta y flagrante inconstitucionalidad encontrarán su límite en esa Corte Suprema de Justicia, se debilitan, y genera en el cuerpo social un estado deliberativo poco saludable, que históricamente ha sido el antecedente de las peores desgracias en la Argentina.
Porque resultaría insólito convalidar que los Consejeros jueces, por ejemplo, sean electos por los partidos políticos. Imagínense V.E. a un señor magistrado que se postula por un partido y que no consigue la convalidación popular para ser Consejero, pero que queda expuesto en cuanto a su inclinación política. Imagínenselo tratando luego de ello, de ejercer su cargo frente a un Consejo ampliado, controlado por las mayorías políticas que ganaron esa elección y que además poseen la capacidad de enviarlo a juicio político con solamente la mitad mas uno de las voluntades. La independencia, el carácter, la esencia misma del Poder Judicial, deja de lado su misma razón de ser. Imagínense V.E. una Corte Suprema de Justicia avalando esto en virtud a un acuerdo presupuestario, y permítanse imaginar también el futuro de una Argentina, donde no sólo ya la clase política ha defraudado, las instituciones en general tambalean y se muestran poco confiables, sino donde además, el más Alto Tribunal del país, pierde cualquier resto de confianza pública en base a un acuerdo de este tenor.
Saben bien Uds. que, más allá de la articulación de un plexo normativo, un sistema jurídico e institucional, se sostiene en base a la confianza pública. En mayor o menor grado, todo orden social deviene de la convicción más o menos intensa, de buena parte del cuerpo del cuerpo social, de que determinados preceptos básicos deben ser obedecidos inevitablemente. Y piensen luego en una sociedad donde esto no es así, una que depositó la confianza en un Cuerpo que pudo ser la última valla institucional a la imposición de una autocracia de hecho, y que cedió por propia voluntad.
De hecho, debo decirles a V.E. que se percibe después de los fuertes rumores de acuerdo, cierto alto grado de desconcierto en los agentes sociales, porque el depósito de confianza en la Corte era intenso, constituía un descanso espiritual para la sociedad, que hoy empieza a perder esa única y última referencia.
Es menester agregar, que todavía algunos mantenemos la esperanza, que esas denuncias y esas corrosivas sospechas sean sólo eso, sólo una mala percepción producto de la triste costumbre que se nos ha hecho adquirir a la fuerza, de ser defraudados. Y que sostenemos la fe en que el Máximo Tribunal de la República, que V.E. encarnan, haya sido objeto de sospechas y denuncias infundadas; que esa Corte Suprema de Justicia de la Nación juegue el rol que la historia le impone, que los libros de historia de nuestros nietos, contengan un párrafo al menos, para esta Corte. Y que este párrafo destaque su virtud y su templanza para aplicar la ley. Sería una desgracia para las instituciones y el futuro, que ese párrafo corrobore las actuales sospechas, una mancha indeleble en el juicio de la historia.
Por eso, aún con la esperanza debilitada y a sabiendas que desafío es extraordinario, pero que también que quienes ocupan sitiales de semejante responsabilidad no pueden ser personas entregadas a maniobras de politiquería ordinaria, me permito recostarme y abrazarme al último y debilitado hilo de confianza que aún mantengo y que se sostiene en ese cuarto piso del Palacio de Justicia que V.E. ocupan. Los saludo con la más alta distinción.

miércoles, 10 de abril de 2013

LA PROCURADORA KIRCHNERISTA PIDE RECHAZAR PRESENTACIÓN DE APROPE A LA CORTE

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó sobre la presentación de esta agrupación ante la Corte Suprema de Justicia en la que solicitamos la inconstitucionalidad del aberrante acuerdo con Irán para encubrir el atentado a la AMIA.
Como era de esperarse, la funcionaria kirchnerista que confunde el rol de Procuradora General de la Nación, con el de agente de difusión de propaganda antijudicial y antiinstitucional del gobierno, y funciona como una Gestapo de control del pensamiento de los Magistrados, pidió a la Corte que se declare incompetente, y negó la legitimación de los letrados de esta agrupación para peticionar ante la Corte.
La Mesa Coordinadora de Abogados en Propuesta Peronista, desconoce cualquier legitimidad real de la Dra. Gils Carbó para expedierse en ninguna causa que involucre intereses políticos del Poder Ejecutivo, porque ha mostrado un grado de servilismo que la inhibe de cualquier actuación seria.
Dado que el dictamen no es vinculante, sino tan sólo una opinión, esperamos que los ministros de la Corte Suprema de Justicia sepan como valorar su opinión en atención a lo antedicho y todo lo que es de público y notorio respecto a Gils Carbo. APROPE solicitará que el Alto Tribunal que siga adelante con el expediente y de no ser así, recurrirá a los organismos internacionales de Derechos Humanos, cuya jurisdicción queda habilitada al no haber Justicia en el país.
Los Abogados en Propuesta Peronista no cejarán un instante en su búsqueda de libertad y justicia para los asesinados en la AMIA y para todos los argentinos de bien, y toda resolución en contra de nuestras pretensiones de la Procuradora, es una medalla en el pecho de esta agrupación.
MESA COORDINADORA

lunes, 8 de abril de 2013

INFORME APROPE SOBRE LA COLONIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL ANUNCIADA POR EL GOBIERNO


La tan anunciada democratización del Poder Judicial terminó siendo proclamada esta tarde por Cristina Fernández de Kirchner, sin muchas variantes respecto de lo que se presuponía, aunque se produjeron agregados en la evidente búsqueda de disimular el fin único que implica controlar a un Poder independiente.
El nudo gordiano de esta ensalada judicial que Cristina fue inhábil para explicar en televisión, es la reforma al Consejo de la Magistratura. Cabe aclarar que esta es la segunda que hacen los K, y por cierto la primera ya era inconstitucional. La propuesta hoy es extraordinariamente inconstitucional. La reforma de 2006 rompió los equilibrios que exige en dicho Consejo el artículo 114 de la Constitución Nacional, volcando manifiestamente el control del cuerpo hacia los consejeros que responden al poder político, por sobre los sectores técnicos e independientes., de tal modo que si en Consejo previo a 2006, los agentes políticos representaban un 33% del Consejo, luego de 2006 pasaron a representar el 46%.
Sin embargo parece que la ruptura de los equilibrios exigidos por la Carta Magna no le resultó suficiente a Cristina, por lo que ahora directamente decidió demoler el Consejo y violar abiertamente la Ley Suprerior. El mencionado artículo 114 expresa que “…El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
En cuanto a los congresistas miembros, la Constitución dice claramente “representación de órganos políticos resultantes de elección popular”. Esas son ambas Cámaras. Y representan “órganos” no al pueblo, aún cuando uno de esos órganos sea primariamente de representantes del pueblo, los Consejeros representan al ÓRGANO no al pueblo, al menos no de modo directo.
Respecto de jueces y abogados, también es una elección “estamentaria” y no abierta. Porque la representación de ambos no puede ser objeto de selección popular. De acuerdo al artículo 38 de la misma Constitución Nacional, solamente los partidos políticos pueden presentar candidatos a cargos públicos electivos. Por ende, los Consejeros abogados y los Consejeros jueces, deberían postularse para sus cargos (si se aplica esta reforma) en las listas del radicalismo o del Frente para la Victoria o del PRO, o etcétera. Así las cosas, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo que quiera ser Consejero, por ejemplo, deberá candidato de un partido político para ello. La ecuanimidad requerida en sus sentencias a posteriori de ello, queda totalmente sepultada. Respecto a los abogados, la selección de los mismos corre por cuenta de quién puede valorar sus capacidades y representatividad. Ambos estamentos, deben ser claramente seleccionados de entre ellos mismos.
El Consejo de la Magistratura, es además parte del Poder Judicial. El constituyente del ’94 que creó el Consejo, lo colocó dentro de la Segunda Parte, Sección Tercera: EL PODER JUDICIAL. Que se inicia en el artículo 108 y en el 114, da forma a este órgano. TODO el Poder Judicial es  de elección indirecta. La gente no vota a los jueces, por las mismas razones mencionadas con anterioridad, es decir porque sino los jueces responderían al partido que los postule. Y tampoco puede votar consejeros, porque tienen la misma naturaleza e integran el Poder Judicial.
Por otro lado, la llamada “regulación de medidas cautelares contra el Estado Nacional” es otra aberración inconstitucional. Las medidas cautelares son una medida procesal preventiva que garantiza un derecho. Y el Estado es un “sujeto de derecho” como cualquier otro. Si a un particular se lo puede embargar, al Estado también y en iguales condiciones. La base del Estado de Derecho es la equidad, es decir la igualdad en las mismas condiciones. Todo lo demás es un principado, una autarquía. La medida cautelar que más molesta al gobierno es la de “no innovar” que sirve para proteger un derecho presuntamente violado hasta que el juez decida, siguiendo los mecanismos legales y respetando el derecho de defensa en juicio, sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, si el Estado comienza a instalar en un terreno de mi propiedad, un edificio sin mi consentimiento aduciendo tener un derecho que yo niego que tenga, lo demando. Como la resolución de mi demanda va a requerir producción de prueba, plazos para contestar la demanda, alegatos, etc., yo solicito junto con la demanda, que el juez ordene no innovar, es decir, que el Estado no siga construyendo dicho edificio, hasta que se determine quien tiene el derecho.
Si de algún modo el gobierno limita mi posibilidad de interponer la cautelar, sea coartándole tiempos de vigencia a la misma, o poniéndome más requisitos que los que serían requeribles al Estado si fuese este quien pidiese la medida, están cercenando mi libertad inconstitucionalmente y violando la esencial igualdad ante la ley. Por ende, es abiertamente inconstitucional.
Otro de los anuncios de la presidente, que podría ser de compleja constitucionalidad, es el que ha llamado en su confusa explicación “la ley de publicidad de actos del Poder Judicial”. En realidad los juicios son públicos, pero para las partes. Las decisiones de los jueces que impliquen cuestiones civiles, o comerciales privadas, no tienen porqué ser de dominio público. Por cierto aquellas resoluciones que competen a la justicia de orden público, como la Criminal Federal y la Contencioso Administrativo Federal, ya son públicas, no existe nada oculto. Tanto las sentencias como sus fundamentos son dados a publicidad por los jueces. Por ende, si este proyecto no está intentando violar derechos particulares difundiendo resoluciones de derecho privado y violando el constititucional derecho a la intimidad, es una iniciativa sin sentido, simplemente para hacer creer a la gente que se modifica algo que en realidad no está ocurriendo.
En cuanto a la ley de “Ingreso Democrático al Poder Judicial”, habrá que ver exactamente de que se trata.  Hoy los jueces son seleccionados por concurso, y muchos cargos por debajo de ellos también. El déficit que muestran los concursos está relacionado con los modos en que los candidatos a jueces favorecidos por el gobierno obtienen de antemano las respuestas a las preguntas que se hacen en el exámen. Si por otro lado, la ley se refiere al ingreso a los cargos menores del Poder Judicial, se trata de una fantochada, son cargos que no quiere nadie. Hace años que no existen empleados de mesa de entradas de un juzgado que sean abogados, y casi ninguno es siquiera estudiante de derecho. En el Poder Judicial hoy, es difícil encontrar antes del cargo de Prosecretario algún abogado. Así que si es por eso, está suficientemente democratizado.
Respecto a la ley de “acceso directo a las declaraciones juradas” parece ser un poco más de “humo para la tribuna”. Cuando los jueces se enriquecen ilegítimamente, no lo hacen figurar en sus declaraciones juradas, no lo hacen ahora ni lo harán cuando haya “acceso directo”. Del mismo modo que los políticos, pero con un poco más de “calidad técnica” para hacerlo, se valen de testaferros, terceros, etc. Si a alguien se le ocurre que va a obtener transparencia con una declaración jurada, o está demasiado equivocado, o se está burlando de la gente.
Por fin, una de las maniobras políticas más interesantes de esta jugada, es la Creación de Cámaras de Casación en fueros estratégicos. Simplemente porque, en aquellos fueros donde el kirchnerismo no tiene el control de la Cámara de Apelaciones (por ejemplo el Civil y Comercial Federal donde está la causa que controvierte la constitucionalidad de la ley de medios), ahora controlará totalmente a la Casación que esté por sobre ella. Con ello logra dos efectos: relativiza y minimiza a la segunda instancia y por otro lado, “tapona” la llegada de las causas a la Corte, cosa que tardará tal vez años más que antes.
Le quita importancia política a la Corte Suprema y controla la instancia más elevada de cada fuero. Esta jugada es eminentemente política y perjudica a los ciudadanos que para alcanzar un fallo de Corte seguramente ahora tardarán dos o tres años más que antes, pero no tiene óbices constitucionales.
En realidad una reforma seria, sin intencionalidad política debería: 1)abreviar ciertos plazos de los Códigos Procesales para obtener justicia más rápida; 2)Reformar el Consejo de la Magistratura volviendo a la conformación previa a la reforma del 2006; 3)Modificar los mecanismos de exámen y la composición de los jurados en la selección de magistrados; 4)Establecer Juicio de Residencia obligatorio para funcionarios públicos que dejen sus cargos; y 5)Reformular los organismos de control estatal para que no sean sistemáticamente controlados por el propio gobierno al que deben auditar.
Nada de esto ha sido propuesto. A cambio se ha intentado violar la Constitución con el fin de conseguir el control absoluto de la Justicia y generar medidas sin sentido pero con títulos atractivos para producir una ficción de “democratización”.
MESA COORDINADORA

viernes, 5 de abril de 2013

DENUNCIAN LOS PROBLEMAS DE LOS MATRICULADOS POR LA LEY QUE TRANSFIRIÓ LOS FONDOS JUDICIALES AL BANCO NACIÓN

Abogados en Propuesta Peronista (APROPE) denuncia la gravísima situación para los letrados y los ciudadanos, causada por la ley que transfirió los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación, que evidentemente carece de toda capacidad operativa para llevar adelante tal función. En los últimos días se registran colas de varias horas para que la gente pueda hacerse del dinero que le corresponde en virtud de ordenes judiciales.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en una carta envidada por su presidente Dr. Jorge Rizzo, presentó una enérgica queja ante la Corte Suprema de Justicia por tal situación. Hacemos nuestras sus palabras, y compartimos la misiva a continuación:
MESA COORDINADORA
Buenos Aires, 4 de abril de 2013.-

Al Sr. Presidente de la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.
Dr. Ricardo L. Lorenzetti
S. / D.-

Nos dirigimos a Ud. y, por vuestro intermedio a todos los integrantes de ese Máximo Tribunal de la Nación, en relación a los resultados que arrojó, hasta el presente, la aplicación de la ley 26764.
Diariamente, nuestros matriculados, se hacen presentes en nuestro Colegio a fin de manifestar sus quejas, -por cierto totalmente atendibles y razonables-, por la inoperancia del Banco de la Nación Argentina como única entidad bancaria designada para la operatoria que surge de la actividad judicial.

Desde la presentación del anteproyecto, luego convertido en ley, hemos sostenido la inconveniencia de la exclusividad otorgada a la mencionada entidad bancaria pues, nuestra experiencia en el ejercicio profesional nos llevaba, indefectiblemente, a recomendar que se desechara aquel. Si antes de la implementación de la ley 26764, el Banco de la Nación Argentina atendiendo solamente al fuero Civil, para cualquier trámite -por más simple que fuere-, nos exigía una demora entre una hora y media y dos horas, no había que pensar demasiado que llegaríamos a la caótica situación que atravesamos. Lo hicimos notorio en nuestras exposiciones ante ambas Cámaras del Poder Legislativo y mediante comunicados a la opinión pública.

Ante la sanción de la ley, mantuvimos reuniones con autoridades de esa entidad bancaria quienes nos aseguraron que en el mes de marzo, la sucursal Tribunales estaría en condiciones de brindar una atención de excelencia acorde a la importancia de las actividades encomendadas, por lo que hemos tratado de calmar los reclamos que desde el comienzo hemos recibido.

Pese a tantas promesas no advertimos ninguna mejora en el servicio bancario sino que, por el contrario, la situación se agrava a medida que se incrementa la actividad, por lo que invitamos a los miembros de ese Tribunal a su cargo para que concurramos juntos a constatar la ineficacia del prestador. Esta invitación va en consonancia con las reiteradas declamaciones de “democratización” y “accesibilidad a la justicia”, tanto desde ese órgano a su cargo,  cuanto de los restantes poderes constitucionales.
El acceso a la justicia no debe quedar solamente en discursos sino que debe ser una actividad cotidiana, por lo que recae en las facultades propias de ese Tribunal y del Consejo de la Magistratura de la Nación, remover todo aquello que impida, lesione, restrinja u obstaculice, con prácticas burocráticas y demoras inadmisibles los trámites bancarios.  En la Reunión de Cortes de Justicia, se alzaron muchas voces reclamando un activismo judicial en beneficio de los justiciables, por lo que hoy es hora de recordar la exclamación del campesino alemán ante el avasallamiento pretendido por el gobernante: “Aún quedan jueces en Berlín”.
Este reclamo no lo hacemos solamente teniendo en vistas la afectación a la dignidad profesional, sino que lo exigimos pensando en los justiciables, es decir en todo hombre o mujer, litigante, abogado o perito que necesariamente concurre a la sucursal Tribunales, muy especialmente en los asalariados que deben percibir sus créditos, en las mujeres que deben cobrar sus cuotas alimentarias y en los ancianos que deben permanecer horas haciendo colas interminables.
Las buenas intenciones de los funcionarios del Banco de la Nación Argentina quedan solamente en eso, la realidad nos demuestra lo contrario, por lo que requerimos a todos los involucrados en esta cuestión Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura y ese Tribunal para que, ante la inviabilidad de continuar con lo dispuesto por la ley 26764 se dispongan los remedios judiciales o los actos legislativos a fin de retrotraer la situación al 11 de septiembre de 2012.
Que la ciudadanía no pierda su tiempo en estériles colas, también es un buen inicio de la Reforma Judicial.
Atentamente.
 Dr. Guillermo J. Fanego                                                  Dr. Jorge Rizzo
   Secretario General                                                           Presidente
          CPACF                                                                           CPACF

viernes, 22 de marzo de 2013

EN LA TRINCHERA DE LAS INSTITUCIONES

En APROPE pensamos que "mejor que decir es hacer", y hacemos. También pensamos que la defensa de la Justicia independiente es un concepto abiertamente peronista, porque quien más necesita de un Poder Judicial ecuánime es el más débil, el menos favorecido, y en tal sentido la idea de independencia judicial está ínsita en el concepto de Justicia Social.
Por eso damos la pelea, allí donde la coyuntura lo requiere, en los Tribunales de la República. Ayer supimos que la Corte Suprema de Justicia analizaba el amparo que hemos presentado (ver nota anterior) planteando la inconstitucionalidad de la ley que convalidó el aberrante acuerdo con Irán, para que los iraníes se juzguen a si mismos por la voladura de la AMIA.
El Alto Tribunal dió vista a la Procuradora General para que emita opinión sobre la competencia originaria de la Corte Suprema.
Consideramos este hecho, de por sí, un enorme logro. Porque la Corte Suprema dio trámite al planteo, porque lo consideró serio y fundado, de otro modo lo hubiese rechazado sin más trámite. Y ese es un enorme paso en la lucha por la libertad.
Sabemos que vendrán otras batallas, y que muchas podrán ser derrotas, pero estamos para afrontarlas, y para dar batalla hasta las últimas consecuencias, en nombre de la ley y la Justicia Social, sea en los tribunales argentinos o en los internacionales, para defender con todas las armas posibles, los derechos de los ciudadanos.
MESA COORDINADORA

viernes, 8 de marzo de 2013

PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO CON IRAN PRESENTADO POR APROPE (COMPLETO)

PROMUEVE ACCION DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Vuestras Excelencias:
                                                    Daniel Lipovetzky, Horacio Minotti, Pedro Brichta, Gustavo Palópoli y Demian Abbott; todos abogados, por nuestros propios derechos, constituyendo domicilio procesal en Paraná 608, piso 8°, of. 17 de esta Ciudad de Buenos Aires, a V.E. decimos:
                                                    I-Objeto: Que venimos a solicitar por la vía de la acción rápida y expedita de amparo se decrete la inconstitucionalidad de la ley 26.843 que aprueba el llamado “Memorandum de Entendimiento” de la República Argentina, con la República Islámica de Irán, norma que fuese promulgada por vía del decreto 236/2013, en virtud de los hechos y el derecho que oportunamente se expondrán.
                                                   II-Competencia: Que si bien los presentes actuados, están referidos a la inconstitucionalidad de un tratado, se encuentra ínsito en el reclamo la eventual responsabilidad de funcionarios diplomáticos extranjeros en el homicidio masivo de 85 personas en la mutual AMIA en 1994. En consecuencia, creemos pertinente la competencia originaria establecida en el artículo 117 de la Constitución Nacional.
                                               III-Legitimación: Que los suscriptos de encuentran legitimados por su calidad de habitantes del pueblo soberano de la Nación Argentina, sobre los cuales causa claros efectos la ley impugnada, en términos de su seguridad personal, su libertad, y su derecho a la soberanía nacional. Asimismo y dado que todos los peticionantes somos abogados, nos legitima el juramento efectuado de defender las leyes y la Constitución Nacional.
                                                  IV-Derecho: Fundamos nuestro derecho en las normas contenidas en los artículos 1, 18, 43, 109 y 116 de la Constitución Nacional, la ley 16.986 sus modificatorias y concordantes, 195 y sstes y 230 y sstes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
                                                     V-Hechos: Que el Poder Ejecutivo Nacional, por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a un acuerdo con la República Islámica de Irán para investigar el múltiple homicidio de la AMIA perpetrado en la Argentina en 1994 que arrojo el trágico saldo de 85 muertos. El carácter investigativo de la “Comisión de la Verdad” a la que hace referencia el artículo 1 del Mememorandum firmado el 27 de enero de 2013, surge a las claras de cada uno de sus artículos en tanto el mencionado 1 habla de “analizar la documentación” de los actuados en Argentina, el artículo 3 de “intercambiar información sobre la causa” y “la evidencia relativa a cada uno de los acusados”, y el artículo 5 mencionar la potestad de “interrogar” a aquellas personas sobre las que la Justicia argentina libró orden internacional de captura.
                                                    El Poder Judicial de la República Argentina, en su carácter de poder independiente de la República, y competente para esto, realizó una profusa investigación sobre las responsabilidades emanadas del atentado de marras. Largos años de investigaciones, arrojaron elementos que permitieron al magistrado a cargo y al fiscal de la causa, imputar a una serie de ciudadanos iraníes, varios de ellos funcionarios diplomáticos en nuestro país al momento del atentado, y otros funcionarios con asiento en su país de origen, distribuyendo imputaciones con los caracteres de autores intelectuales y materiales del múltiple homicidio. Tras dichas imputaciones el juez procedió a llamar a indagatoria a los imputados y ante la falta de asistencia de los mismos a ejercer su constitucional derecho de defensa en juicio, libró sus órdenes de captura internacionales. Tras ello, la mesa evaluadora de Interpol, habiendo recibido ocho pedidos de captura, dio curso a seis de ellos, evaluando las pruebas y las imputaciones.
                                                       A partir de allí los actuados se encuentran estancados dado que los imputados no han, en apariencia, salido de su país que los protege, y la Interpol no ha podido proceder a su captura para hacerlos comparecer a derecho.
                                                       En este punto es necesario hacer referencia a lo que significa la declaración indagatoria en nuestro derecho penal. Dicha declaración no constituye “prueba” en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que la misma no puede alterar sustancialmente la convicción del magistrado al momento de la convocatoria a indagatoria, sino que se trata de un requisito de origen constitucional, con el carácter de “acto de defensa”. Tan evidente es lo dicho, que una causa se paraliza, no avanza, si la indagatoria no se produce, porque esto no puede ocurrir sin la toma de indagatoria. No existe prueba alguna, cuya carencia paralice el avance de un proceso. La ley argentina, lo que intenta es garantizar el derecho de defensa en juicio, constituyendo a la “declaración indagatoria” en un aspecto esencial de ese derecho.
                                                     Pero el plexo probatorio que generó la convicción del juez sobre el grado suficiente de responsabilidad como para indagar a los imputados, no podría modificarse con la declaración, y por ende debe asegurarse que el magistrado considera tener la “semiplena prueba sobre la autoría” del crimen de la AMIA, suficiente como para procesar a los citados a indagatoria. Ese es el contexto judicial en el que el gobierno intenta formar una comisión integrada por iraníes en igualdad de condiciones con funcionarios designados por el gobierno argentino.
                                                                  Por otra parte, está claro que la voladura de la AMIA se trató un acto terrorista de acuerdo a todas las definiciones de terrorismo de las convenciones internacionales. La primera de ellas se originó en el consejo europeo, mediante la Decisión Marco 2002/475/JAI donde dice que se trata de “actos intencionados tipificados como delitos según los respectivos derechos nacionales, que por su naturaleza o contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional, cuando su autor los cometa con el fin de intimidar gravemente a la población…”. Todas las definiciones posteriores son derivados sin mayores modificaciones.
                                                       Asimismo, la interpretación de un acto terrorista como terrorismo de Estado ya no depende tanto de lo conceptual, sino de la prueba reunida en la investigación, porque está supeditado al grado de apoyo que pueda probarse, que los terroristas hayan tenido por parte de un Estado.
                                                       Y en ese sentido la participación de Irán, para la Justicia argentina, deja poco espacio para dudas. Existen suficientes elementos para establecer un grado de sospecha asequible, sobre la colaboración de un estado, en la logística o al menos en el encubrimiento posterior. Si buscamos apoyo en la jurisprudencia argentina, en el año 2012, la Cámara Federal, en el caso del homicidio de José Ignacio Rucci, para revocar la prescripción dictada en primera instancia, consideró que de existir apoyo logístico brindado por funcionarios de Provincia de Buenos Aires a los homicidas, el delito deberá considerarse “terrorismo de estado”.
                                                                   Por ende, el Poder Ejecutivo de la República Argentina, ha llegado a un “Memorandum de Entendimiento”, para establecer una “Comisión de la Verdad” con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir, una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados, con solicitud de captura internacional a Interpol, se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní.
                                                                    Así las cosas, resulta imposible soslayar, que dicho Poder Ejecutivo Nacional parece ignorar una prolongada investigación del Poder que resulta competente para la misma, iniciando un proceso paralelo, donde como se ha dicho, se pretende analizar pruebas, y hasta “interrogar”.
                                                                    Dice el artículo 109 de la Constitución Nacional, que “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Por su parte, el artículo 1 del Memorandum aprobado por el Congreso Nacional como ley 26.843 describe la composición de la “Comisión de la Verdad” diciendo que “La Comisión estará compuesta por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional. Estos no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países. Ambos países acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto standard moral y prestigio legal, quien actuará como presidente de la Comisión”.
                                                               De ello surge a las claras, que tal Comisión estará integrada por presuntos juristas no designados por la Argentina, e incluso los que si sean designados por nuestro país, lo serán por autoridades del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial competente, en atención a los establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional.
                                                                Y en la misma inteligencia, dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que, si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, que otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente. Especialmente, cuando, el mismo Memorandum, otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama”.
                                                         En pocas palabras, el Poder Ejecutivo Nacional, con el aval del Congreso de la Nación se ha arrogado funciones específicas y evidentemente reservadas al Poder Judicial, excediendo obviamente los límites de sus competencias y resultando arbitrario e inconstitucional por donde se lo mire.
                                                          Asimismo, deberá considerarse también el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de nuestra Ley Superior. Dice: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. La primera mitad es el principio de legalidad, la segunda, el de juez natural.
                                                      El principio de juez natural constituye una garantía de ida y vuelta. Inicialmente para el imputado. Pero de regreso, también para la víctima y el resto de la sociedad, porque otorga garantía de imparcialidad y aplicación de la ley para todos por igual. Es garantía personal, pero a la vez obligación del Estado el principio de juez natural. Y al mismo tiempo es una garantía irrenunciable, es decir, no puede la persona negarse a ese derecho.  Como no puede negarse al derecho de no ser esclavo. Puede renunciar al derecho a la libertad si se encierra en una habitación, pero no puede hacer que el Estado avale esa renuncia y lo encierre en una cárcel.
                                                        El estado no tiene permitido autorizar la renuncia a determinados derechos fundamentales, porque resguardan la seguridad humana colectiva, no solo la particular. Asimismo, todos los tratados de derechos humanos que nuestro país incorporó a su constitución en 1994, como parte del texto de la misma, resguardan este principio. Sólo por citarlos, el art. 8 inc 1 del la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 10 de la Declaración Universal de los derechos Humanos.
                                                Y si bien la Comisión que establece la ley impugnada no podrá sentenciar, si ejecutará pasos procesales propios del Poder Judicial, que debería realizar únicamente, quien resulte Juez Natural en los actuados que investigan los hechos, en este caso el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 6. Cualquier otro tribunal que se arrogue potestades jurisdiccionales en cualquier parte del proceso, sin expresa y legal delegación del juez de la causa, está violando a todas luces el principio de juez natural.
                                                           Surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos. El mencionado artículo 109, claramente vulnerado, no otra cosa que reflejo del artículo 1 de la Ley Fundamental, en cuanto asegura y profundiza la existencia del sistema Republicano de gobierno que implica la división de poderes que en cuanto a las competencias del Judicial e incompetencias del Ejecutivo, profundiza luego el 109.
                                                          Asimismo la violación del principio de juez natural inserto en el artículo 18 de la Constitución, como parte complementaria del principio general de legalidad, es básico en nuestro ordenamiento jurídico, inviolable, parte esencial de los derechos más fundamentales del hombre y pilar del sistema.
                                                          De tal modo, cabe considerar que la ley de marras que aprueba el afamado Memorandum, es a todas luces inconstitucional, violatorio de la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, de los Principios Generales del Derecho, y de los pilares más elementales del sistema republicano, por todo lo cual, solicitamos a V.E. declare la inconstitucionalidad de la norma.
                                                          VI-Reserva: Hacemos expresa reserva en la presente de acudir a los Tribunales de Justicia Internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y/o cualesquiera otros que estén en capacidad de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el sistema constitucional.
                                                        VII-Medida cautelar: Que en cualquier supuesto, las condiciones y características de la norma atacada de insconstitucionalidad, y el avance en el proceso de constitución de la mencionada “Comisión de la Verdad” y su puesta en funcionamiento, así como el inicio por parte de la misma de la ejecución de actos jurisdiccionales propios del Poder Judicial, generan un evidente peligro de avanzar hasta un punto sin retorno, a la espera de la resolución del derecho de fondo en el presente proceso.
                                                             Es por eso, que en virtud de lo establecido por el artículo 230 del CPCCN, y dado que efectivamente, no existe otra medida precautoria apta para impedir las eventuales consecuencias de hecho de la norma ataca por inconstitucional; así como, surge a todas luces clara y evidente la verosimilitud del derecho invocado; y como se ha dicho, los actos devenidos de la ley 26.843 pueden generar que la aplicación de la sentencia de estos actuados se torne ineficaz o de cumplimiento imposible; consideramos perfectamente configurados todos los requisitos establecidos en el mencionado artículo 230 del Código de rito y solicitamos a V.E. se decrete la medida cautelar de no innovar hasta tanto de resuelve de modo definitivo, el derecho de fondo aplicable.
                                                     VIII-PEDIMOS A V.E.:
a) Se nos tenga por presentados, por parte y por constituído el domicilio procesal indicado.
b) Se tenga presente lo expuesto.
c)Se otorgue la medida cautelar solicitada en el apartado VII
c) Se resuelva en el sentido de de declarar inconstitucional la ley 26.843 en todas sus partes, restituyendo la vigencia del estado de derecho y las normas fundamentales del sistema de gobierno establecido en la Constitución Nacional.
SERA JUSTICIA