(Foto diario La Nación) Inicialmente quiero hacer unas
breves consideraciones en particular sobre la causa de la AMIA y sobre los
alcances de la investigación y el derecho penal, para luego adentrarnos en la
cuestión constitucional.
Como primera medida está claro
que se trató un acto terrorista de acuerdo a todas las definiciones de
terrorismo de las convenciones internacionales. Su interpretación como
TERRORISMO DE ESTADO depende, ya no de lo conceptual sino de la prueba reunida
en el expediente, porque está supeditada al grado de apoyo que los terroristas
hayan tenido por parte de Estado.
Y en ese sentido la participación
de Irán, para la Justicia Argentina, deja poco espacio para dudas. EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS PARA
ESTABLECER UN GRADO DE SOSPECHA ASEQUIBLE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE UN ESTADO
EN LA LOGÍSTICA O AL MENOS EN EL ENCUBRIMIENTO POSTERIOR. EN EL CASO RUCCI, LA CÁMARA
FEDERAL CONSIDERÓ QUE DE EXISTIR APOYO LOGÍSTICO BRINDADO POR FUNCIONARIOS DE
PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LOS TERRORISTAS DEL DELITO PUEDE CONSIDERARSE
“TERRORISMO DE ESTADO”.
EN ESA LINEA, ES CONVENIENTE
DECIR QUE EL PASO PROCESAL QUE ES NECESARIO PARA AVANZAR EN LA CAUSA ES LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DE LOS
IMPUTADOS IRANÍES, MUCHOS DE LOS CUALES SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE ESE
PAÍS. Y QUE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA NO
ES “PRUEBA” QUE PUEDA ALTERAR LA CONVICCIÓN DEL MAGISTRADO QUE LLAMÓ A
INDAGAR, SINO UN REQUISITO DE ORIGEN CONSTITUCIONAL CON EL CARÁCTER DE “ACTO DE DEFENSA”. EL PLEXO PROBATORIO
QUE GENERÓ LA CONVICCIÓN DEL JUEZ SOBRE EL GRADO SUFICIENTE DE RESPONSABILIDAD
COMO PARA PROCESAR A LOS IMPUTADOS, NO PODRÍA MODIFICARSE CON LA INDAGATORIA, Y
POR ENDE DEBE ASEGURARSE QUE EL MAGISTRADO CONSIDERA TENER “SEMIPLENA PRUEBA SOBRE LA AUTORÍA” DEL CRIMEN DE LA AMIA.
Ese es el contexto judicial en el
que el gobierno intenta formar una Comisión integrada por iraníes en igualdad
de condiciones con funcionarios designados por la Argentina
DE ESTE MODO LA COMISION DE LA
VERDAD ES EQUIVALENTE A HABER INTEGRADO A VIDELA, MASSERA, VIOLA Y GALTIERI AL
LOS MIEMBROS DE LA CAMARA FEDERAL QUE JUZGARON A LAS JUNTAS EN EL 84/85. ES
DECIR, SE INTEGRA AL TRIBUNAL A LOS SOSPECHADOS DE HABER COMETIDO DELITOS DE
LESA HUMANIDAD, PARA QUE SE JUZGUEN A SI MISMOS.
EN CUANTO A LA CONSTITUCIONALIDAD
DE DICHA COMISIÓN, DEBEN CONSIDERARSE VARIOS ASPECTOS:
Inicialmente el principio de JUEZ NATURAL contenido en el ART 18 DENTRO
DEL LLAMADO PRINCIPIO DE LEGALIDAD. EN EL, COMO PARTE DEL MISMO, ESTA INSERTADO
EL DE JUEZ NATURAL. “… ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa.”
LA
MENCIONADA ES UNA GARANTÍA DE IDA Y VUELTA. INICIALMENTE PARA EL IMPUTADO.
PERO DE REGRESO TAMBIEN PARA LA VICTIMA Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD PORQUE OTORGA
GARANTIA DE IMPARCIALIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY PARA TODOS POR IGUAL.
ES GARANTIA PERSONAL PERO A LA
VEZ OBLIGACION DEL ESTADO EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL.
Y AL MISMO TIEMPO ES UNA GARANTÍA
IRRENUNCIABLE, ES DECIR, NO
PUEDO NEGARME A ESE DERECHO. COMO NO
PUEDO NEGARME AL DERECHO DE NO SER ESCLAVO. PUEDO RENUNCIAR AL DERECHO A LA
LIBERTAD SI ME ENCIERRO EN UNA HABITACIÓN, PERO NO PUEDO HACER QUE EL ESTADO
AVALE ESA RENUNCIA Y ME ENCIERRE EN UNA CÁRCEL.
EL ESTADO NO TIENE PERMITIDO
AUTORIZARME LA RENUNCIA A DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES PORQUE RESGUARDAN
LA SEGURIDAD HUMANA COLECTIVA, NO SOLO LA PARTICULAR.
TODOS LOS TRATADOS DE DERECHOS
HUMANOS QUE NUESTRO PAÍS INCORPORÓ A SU CONSTITUCIÓN EN 1994 COMO PARTE DEL
TEXTO DE LA MISMA, RESGUARDAN ESTE PRINCIPIO. SOLO POR CITARLOS EL ART. 8 INC 1 DEL LA Convención Americana de
derechos humanos o el ART 10 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DDHH.
OTRO DE
LOS PRINCIPIOS CLARAMENTE AFECTADOS TIENE QUE VER CON LA FORMA DE GOBIERNO
ELEGIDA POR LA CONSTITUCION, EN CUANTO A QUE AFECTA DECISIVAMENTE LA REPUBLICANA
DIVISIÓN DE PODERES. A MODO DE GARANTÍA LA CONSTITUCION ESTABLECE EN SU ART. 109 QUE “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer
funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o
restablecer las fenecidas”.
LA COMISIÓN DE LA VERDAD NO VA A ESTAR INTEGRADA POR JUECES ARGENTINOS, SINO
POR SUPUESTOS “JURISTAS” (AL MENOS 2 SOBRE 5) DESIGNADOS POR EL PODER EJECUTIVO
QUE VAN A TOMAR A SU CARGO EL CONOCIMIENTO DE UNA “CAUSA PENDIENTE”.
TAL
ES EL GRADO DE GARANTÍA
QUE LA CONSTITUCIÓN PRETENDE SOBRE ESTE PARTICULAR A EFECTOS DE ASEGURAR LA
DIVISÓN DE PODERES, QUE EN SU ART 23 CUANDO
DESCRIBE EL CASO EXCEPCIONAL DEL ESTADO DE SITIO, SI BIEN SUSPENDE
GARANTIAS, EXPRESA CON CLARIDAD QUE EL PRESIDENTE NO PUEDE SANCIONAR NI APLICAR
PENAS
PARA
TERMINAR DEBO DECIR QUE PARTICULARMENTE, CREO INEXACTO HABLAR EN ESTA CUESTIÓN
DE “CESION DE SOBERANÍA”,
PORQUE HAY UN AVANCE DEL DERECHO INTERNACIONAL EN REITERADOS CASOS EN LOS
CUALES SE CEDE VOLITIVAMENTE CIERTO GRADO DE COMPETENCIAS PENALES POR DELITOS
DE EXTREMA GRAVEDAD QUE RESULTAN UNA AFECTACIÓN A LA HUMANIDAD Y NO SIMPLEMENTE
A CIUDADANOS DE UN PAÍS. ESTA IDEA HA IMPERADO TANTO EN TRIBUNALES PERMANENTES, COMO EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL,
COMO EN TRIBUNALES AD HOC, COMO NUREMBERG.
NO
OBSTANTE DEBO ACEPTAR QUE ESTE ES UN
CASO REALMENTE PARTICULAR. PORQUE ES EL UNICO CONOCIDO EN QUE EL PAÍS
SUPUESTAMENTE AGRESOR CONFORMA EL TRIBUNAL AD HOC EN IGUALDAD DE CONDICIONES
CON EL AGREDIDO.
Y
POR ENDE, MAS QUE UNA CESION DE SOBERANIA, YO DIRÍA QUE IMPLICA UNA RENUNCIA AL
PROPIO DERECHO A LA JUSTICIA, UNA CLARA DENEGACIÓN DE JUSTICIA PARA LAS
VICTIMAS Y SUS FAMILIARES, Y UNA NEGACION DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTITUCIONAL DEL
PROPIO ESTADO, EXCLUYENDO AL PODER JUDICIAL DE SUS FUNCIONES BÁSICAS.
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